A 5 años del Bono Clase Media 2020 ¿Qué pasó con los trabajadores que lo solicitaron sin cumplir con los requisitos legales y no lo devolvieron?
El Bono Clase Media 2020 nació como una medida de apoyo rápida en medio de la crisis sanitaria y económica que golpeó a Chile durante los primeros meses de la pandemia. Era, en el papel, una ayuda de hasta $500 mil pesos para quienes vieran caer sus ingresos en al menos un 30% en julio de 2020 respecto del promedio de 2019. La condición para solicitarlo era simple, bastaba con una declaración jurada en el Servicio de Impuestos Internos (SII) para acceder.
Pero lo que empezó como un salvavidas terminó convertido en un caso emblemático de irregularidades. Al cruzar los datos, el SII detectó que más de 437 mil trabajadores dependientes habían recibido el bono sin cumplir los requisitos. Entre ellos, destacaba un número que pronto se volvió titular de prensa, 37.100 eran funcionarios públicos. Según cálculos oficiales, el error o el engaño significó alrededor de US$256 millones mal asignados.
La magnitud del hallazgo obligó al SII a abrir un canal de restitución voluntaria, el que consistía, que quienes habían recibido el aporte sin cumplir las condiciones podían devolverlo sin multas ni intereses, a través de una plataforma habilitada para tal efecto. Había un plazo establecido, inicialmente hasta noviembre de 2020, y que luego se extendió hasta Marzo del 2021. Muchos devolvieron, pero hasta hoy no existe un registro público consolidado que muestre cuántos funcionarios lo hicieron ni en qué condiciones.
El escándalo no quedó ahí. La Fiscalía Nacional inició investigaciones por eventuales delitos, como fraude de subvenciones o falsedad en declaraciones juradas. En paralelo, cada organismo público abrió sumarios administrativos para revisar la situación de sus propios funcionarios. Sin embargo, a cinco años de distancia, la foto es desalentadora, de esos más de 37 mil casos en el sector público, solo 179 llegaron a causas penales con algún desarrollo formal. La mayoría terminó archivada, sin imputados. Y los sumarios internos, en su mayoría, no han sido transparentados públicamente.
La conclusión que muchos extraen es incómoda, pese a la magnitud del caso y a la evidente irregularidad en la entrega de recursos fiscales, casi no hubo sanciones visibles ni responsabilidades claras. Para algunos analistas y observadores, esto deja la sensación de que la institucionalidad fue incapaz de hacerse cargo con firmeza, y que, al final, primó la impunidad.
El caso del Bono Clase Media 2020 no solo es la historia de un programa de ayuda que falló en su control, sino también un espejo que muestra debilidades del Estado en momentos de urgencia. Confiar en exceso en la autodeclaración, aplicar controles tardíos y no dar respuestas claras sobre las sanciones son lecciones que siguen pendientes.
