El Ministerio de Vivienda y Urbanismo trabaja en una modificación al Decreto Supremo N.º 49, con el objetivo de reforzar las fiscalizaciones y facilitar la recuperación de viviendas sociales que no estén siendo utilizadas por las familias beneficiarias.
La medida busca enfrentar situaciones denunciadas en distintas regiones del país, como viviendas adquiridas mediante subsidios estatales que permanecen desocupadas, son arrendadas sin autorización, se venden irregularmente o son ocupadas por personas distintas de quienes recibieron el beneficio.
El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, advirtió que el Gobierno será inflexible frente al uso indebido de estos inmuebles y que, cuando se comprueben irregularidades, se iniciarán los procedimientos necesarios para recuperar las propiedades y reasignarlas a familias que realmente necesitan una solución habitacional.
“Ya estamos modificando el decreto DS49 y enviaremos un proyecto de ley para reforzar nuestra capacidad para retener viviendas sociales mal usadas”, señaló el ministro.
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Minvu reforzará la fiscalización de las viviendas sociales
Uno de los principales problemas para controlar el uso de las viviendas subsidiadas es la limitada capacidad de fiscalización de los Servicios de Vivienda y Urbanización, Serviu.
Frente a esta situación, el Ministerio analiza fórmulas para aumentar la cantidad de inspecciones y reforzar los equipos encargados de verificar que las propiedades sean habitadas por sus beneficiarios y cumplan la finalidad social para la cual fueron entregadas.
Entre las alternativas mencionadas se encuentra la posibilidad de recurrir a servicios externos para apoyar las fiscalizaciones, evitando aumentar de manera permanente la estructura administrativa del Estado.
Las inspecciones buscan detectar principalmente:
- Viviendas arrendadas sin autorización del Serviu.
- Propiedades desocupadas durante periodos prolongados.
- Viviendas utilizadas por terceros que no pertenecen al grupo familiar beneficiario.
- Ventas, cesiones o transferencias realizadas al margen de la normativa.
- Incumplimiento de la obligación de habitar personalmente la propiedad.
Fiscalizaciones detectaron irregularidades en viviendas de O’Higgins
La Región de O’Higgins es una de las zonas donde el Minvu ya comenzó a intensificar las inspecciones.
Durante una fiscalización realizada en julio de 2026 en el condominio San Benito, ubicado en la comuna de Graneros, equipos del Serviu y de la Seremi de Vivienda inspeccionaron ocho departamentos.
En el operativo se detectaron viviendas desocupadas, departamentos presuntamente arrendados sin autorización y propiedades utilizadas por familiares que no corresponderían a los beneficiarios directos del subsidio.
Los antecedentes fueron registrados para iniciar los procedimientos administrativos y realizar nuevas visitas antes de determinar si corresponde aplicar sanciones o recuperar las viviendas.
El seremi de Vivienda y Urbanismo de O’Higgins, Christian Villegas, indicó que las inspecciones continuarán en comunas como Graneros, Rengo y Rancagua.
“Vamos a ser bien rigurosos y ampliaremos este plan de fiscalización, porque no es posible que viviendas entregadas hace muy poco tiempo a familias en condición de vulnerabilidad hoy no estén cumpliendo con la normativa”, afirmó la autoridad regional.
¿Qué cambios se realizarían al Decreto Supremo N.º 49?
El Gobierno prepara modificaciones al Decreto Supremo N.º 49, normativa que regula el Fondo Solidario de Elección de Vivienda, uno de los principales programas habitacionales dirigidos a familias en situación de vulnerabilidad.
Aunque el contenido definitivo de la modificación todavía no ha sido publicado, el objetivo anunciado por el Ministerio es reforzar las facultades para fiscalizar, recuperar y reasignar aquellas viviendas que sean utilizadas de forma contraria a la normativa.
El Ejecutivo también evalúa enviar un proyecto de ley para fortalecer las herramientas legales disponibles cuando los beneficiarios arrienden, vendan o cedan irregularmente una vivienda financiada con recursos públicos.
Actualmente, las propiedades adquiridas mediante determinados subsidios habitacionales quedan sujetas a una prohibición que impide venderlas o arrendarlas durante el plazo establecido en su inscripción, salvo que exista una autorización previa del Serviu.
En muchos casos, esta restricción tiene una duración de cinco años. Una vez cumplido ese periodo, el propietario puede solicitar el alzamiento de la prohibición ante el Conservador de Bienes Raíces correspondiente.
De acuerdo con los anuncios realizados por el ministro, una de las modificaciones en estudio sería extender este periodo de prohibición. Sin embargo, hasta que el nuevo decreto o el proyecto de ley sean publicados, no se puede considerar oficialmente aprobado un aumento de cinco a diez años.
¿Pueden quitarle una vivienda social a su propietario?
El Serviu puede iniciar acciones para recuperar una vivienda cuando existan antecedentes de que el beneficiario incumplió las obligaciones asociadas al subsidio.
No obstante, la recuperación no es automática ni se produce solamente por una denuncia. Primero debe realizarse una fiscalización, notificar al propietario, analizar los antecedentes y desarrollar el procedimiento administrativo o judicial que corresponda.
Entre las situaciones que podrían dar origen a una investigación se encuentran el arriendo sin autorización, la venta irregular, el abandono de la vivienda o su utilización permanente por terceros.
Cuando se acredita el incumplimiento y se completa el procedimiento correspondiente, la vivienda puede ser recuperada y posteriormente reasignada a otra familia que cumpla los requisitos del programa habitacional.
El objetivo de estas medidas, según el Ministerio, es impedir que las viviendas financiadas mediante subsidios estatales sean utilizadas como una inversión o fuente de lucro, resguardando que cumplan su finalidad de entregar una solución habitacional a quienes realmente la necesitan.
