Un nuevo tropiezo enfrenta la Tesorería General de la República (TGR) en su campaña de cobro del Crédito con Aval del Estado (CAE). La Contraloría General de la República instruyó al organismo devolver dineros retenidos en la Operación Renta que fueron descontados para saldar una deuda universitaria, determinando que el pago de cotizaciones previsionales debe primar por sobre ese cobro.
El origen del caso
El conflicto comenzó con el reclamo de una trabajadora independiente que cuestionó una compensación efectuada por la TGR sobre su declaración de renta del año tributario 2023. Los fondos en disputa correspondían a retenciones sobre boletas de honorarios emitidas a la Municipalidad de Chonchi, montos que estaban destinados al pago de sus cotizaciones previsionales obligatorias. Pese a ello, la Tesorería los utilizó para descontar su deuda CAE, obligando a la trabajadora a pagar sus cotizaciones con recursos propios.
El argumento de Contraloría
En su dictamen del 12 de mayo de 2026, el organismo recordó que la Ley 21.133 establece la obligación de cotizar para independientes y que el artículo 92 F del Decreto Ley 3.500 dispone que dichas cotizaciones deben cancelarse con prioridad sobre cualquier otro cobro o imputación. El objetivo de la norma, precisó la Contraloría, es garantizar cobertura de seguridad social integral para quienes emiten boletas de honorarios.
En virtud de ese análisis, el subcontralor general Víctor Hugo Merino Rojas ordenó a la TGR reintegrar los montos retenidos, revocar la compensación aplicada sobre la deuda CAE e informar la situación a la Comisión Ingresa.
Lea también...
Se acumulan los reveses para la Tesorería
Esta resolución se suma a un fallo adverso conocido la semana anterior: el 16 de mayo, la Corte de Apelaciones de Arica acogió un recurso de protección y dejó sin efecto un procedimiento de cobro CAE que incluía apercibimiento de embargo. El tribunal estableció que las deudas de este crédito no pueden cobrarse mediante mecanismos del Código Tributario, por tratarse de créditos ordinarios y no de obligaciones tributarias.
A pesar de estos pronunciamientos, la Tesorería General ha sostenido que sus procedimientos se ajustan al marco legal vigente.
