Cinco diputados de distintos partidos ingresaron un proyecto de ley que plantea presidio perpetuo para violadores y castración química voluntaria como condición para acceder a beneficios carcelarios. La iniciativa llega en medio de la polémica por las rebajas de condena otorgadas por el Ministerio de Justicia a condenados por delitos sexuales contra menores.
Qué Propone el Proyecto
El diputado Héctor Ulloa (IND-PPD), junto a Zandra Parisi, Jaime Mulet, Erich Grohs y Patricio Pinilla, presentaron una iniciativa con cinco medidas concretas:
- Presidio perpetuo para todo delito de violación, sin excepción
- Presidio perpetuo calificado, la pena máxima del Código Penal, para violaciones contra menores de 14 años cuando hay reincidencia, múltiples víctimas, lesiones graves o cuando el agresor es familiar o cuidador
- Aumento de penas para todos los delitos sexuales contra niños y adolescentes, incluyendo estupro, abuso sexual y material de explotación infantil
- Exclusión de penas sustitutivas para estos delitos
- Castración química voluntaria como requisito para acceder a libertad condicional, permisos de salida e indulto. Quien abandone el tratamiento pierde el beneficio automáticamente
El último punto es el más debatido. Nadie sería obligado al tratamiento, pero quien quiera salir antes de cumplir su condena completa deberá someterse a él. Incluso el Presidente de la República quedaría impedido de eximir ese requisito en un indulto particular.
Además, el tratamiento no constituye atenuante ni permite rebajas de pena. Es una condición para acceder a beneficios, no un camino alternativo a la condena.
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El Argumento Central: Qué Pasa Hoy con los Agresores
Ulloa fue directo al momento de explicar el problema de fondo. “Hasta hoy la discusión ha sido cuánto tiempo pasa preso un agresor sexual. Nosotros ponemos la pregunta de fondo: en qué condiciones vuelve a la calle. Hoy sale sin ningún tratamiento. Con este proyecto, eso se termina”.
El proyecto cita estudios internacionales que indican que los condenados por delitos sexuales reinciden en este tipo de ilícitos en una proporción más de tres veces superior al resto de los condenados. Por eso, además de aumentar las penas, los parlamentarios consideran necesario condicionar la libertad anticipada a un tratamiento que reduzca el riesgo de reincidencia.
La castración química ya funciona como herramienta en países como Inglaterra y Dinamarca, según el informe elaborado por la Biblioteca del Congreso Nacional que respalda la iniciativa.
Veinte Años de Proyectos sin Avanzar
Este no es el primer intento de endurecer las penas por delitos sexuales contra menores. Desde 1990 se han presentado 21 proyectos de ley con ese objetivo. Ninguno ha sido despachado.
“Llevamos más de veinte años de proyectos guardados en un cajón. Mientras tanto, los agresores cumplen su condena y salen, y sus víctimas cumplen una condena de por vida. Pedimos que este proyecto se tramite con urgencia”, declaró Ulloa.
La nueva iniciativa busca reunir todas esas propuestas anteriores en un solo cuerpo legal para evitar que esta vez ocurra lo mismo.
El Contexto: La Polémica por las Rebajas de Condena
El proyecto no llega en un momento cualquiera. Se presenta en medio de una controversia activa por las rebajas de penas otorgadas por el Ministerio de Justicia a condenados por delitos sexuales contra menores, una situación que ha derivado en investigaciones tanto de la justicia como de la Contraloría General de la República.
Esa polémica instaló el debate sobre qué tan efectivo es el sistema actual para proteger a las víctimas y a la sociedad de agresores que cumplen condenas reducidas y vuelven a las calles sin ningún tipo de tratamiento ni control.
El Debate que Abre Esta Iniciativa
El proyecto tiene respaldo transversal. Sin embargo, también plantea preguntas que la discusión parlamentaria tendrá que responder: ¿Es la castración química, aunque sea voluntaria, una condición legítima para ejercer derechos penitenciarios? ¿Qué dice la evidencia científica sobre su efectividad real para prevenir la reincidencia? ¿Es suficiente con endurecer las penas o el problema de fondo está en la rehabilitación?
Lo que sí es claro es que el sistema actual no está protegiendo a las infancias. Y esa, al menos, es una premisa en la que el proyecto parece tener amplio respaldo.
