La Comisión de Vivienda del Senado rechazó por unanimidad el recorte unilateral al Programa Habitacional 2026, comunicado por el ministro saliente de Hacienda mediante oficio. El ajuste elimina más de 20 mil subsidios DS49 destinados a las familias más vulnerables del país, equivalentes a UF 23.703.696.
El 10 de marzo de 2026, la Comisión de Vivienda y Urbanismo del Senado emitió una declaración pública de rechazo unánime al recorte al Programa Habitacional 2026, firmada por los senadores Juan Ignacio Latorre, David Sandoval Plaza, Fidel Espinoza, María José Gatica y Yasna Provoste.
El origen de la controversia es el Oficio Ordinario N°255, firmado el 6 de febrero por el entonces ministro de Hacienda, Nicolás Grau, y recibido por la comisión recién ese mismo día 10 de marzo, más de un mes después de su emisión.
¿Qué establece el recorte?
El oficio, concordado entre el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Vivienda, formaliza dos reducciones al Programa Habitacional 2026:
| Subsidio | Unidades eliminadas | Equivalencia en UF |
|---|---|---|
| DS49 – Fondo Solidario de Elección de Vivienda (familias vulnerables) | 20.413 | 23.703.696 UF |
| DS01 – Subsidio para clase media | 2.087 | Aprox. 3 millones de UF |
En total, más de 22.500 cupos habitacionales quedan eliminados del programa de este año. El DS49 es el instrumento clave para que las familias de menores ingresos del país accedan a vivienda sin deuda.
El problema de fondo: quién aprobó esos cupos
La comisión señaló que la Ley de Presupuestos 2026, aprobada por el Congreso, comprometía 40.000 subsidios DS49 para el año. No obstante, la resolución administrativa del Ejecutivo habría dejado esa cifra en 19.587 unidades, es decir, prácticamente la mitad de lo acordado.
Sin embargo, el Ministerio de Vivienda (Minvu) saliente desmintió una reducción definitiva del programa, argumentando que el número autorizado corresponde a una etapa presupuestaria que puede ampliarse progresivamente hasta el tope comprometido con el Parlamento.
La disputa, entonces, no es solo numérica es sobre si el Ejecutivo puede modificar administrativamente compromisos presupuestarios aprobados por ley, sin pasar por el Congreso.
Las exigencias del Senado
La Comisión formuló dos solicitudes concretas:
- La presencia urgente de los nuevos ministros de Hacienda (Iván Poduje) y de Vivienda (Bernardo Quiroz), quienes asumieron el 11 de marzo de 2026, para analizar la decisión ante la instancia parlamentaria
- La restitución inmediata de los cupos del DS49 comprometidos en la Ley de Presupuestos 2026
El senador Fidel Espinoza calificó la medida como una “irresponsabilidad brutal” y criticó que ni el ministro Grau ni el ministro de Vivienda Carlos Montes concurrieran a la comisión a dar explicaciones. La senadora Provoste, por su parte, advirtió que “este oficio fue firmado el 6 de febrero y solo porque la comisión requirió la información, en el día de hoy la conocemos”.
El contexto: una crisis habitacional sin margen de error
El recorte llega en un momento de alta presión sobre la política habitacional chilena. Según datos del propio Minvu basados en la encuesta Casen 2022, el déficit habitacional cuantitativo del país alcanza las 552.046 viviendas, mientras que organizaciones como TECHO-Chile elevan esa cifra hasta 665.933 unidades al incluir los campamentos.
En paralelo, el catastro de campamentos de 2025 registró 1.428 asentamientos irregulares a lo largo del país, la cifra más alta desde 1996, con al menos 6.000 nuevas familias incorporadas a esas condiciones entre 2023 y 2025. Un 35% de las familias en campamentos lleva más de 14 años esperando una solución habitacional definitiva.
En ese escenario, cada cupo de DS49 que se elimina no es una cifra abstracta, representa una familia con comité, con postulación en curso y con una espera acumulada de años.
Más allá del recorte, un problema de arquitectura institucional
Lo que este episodio expone no es solo una decisión presupuestaria cuestionable, sino una tensión estructural entre el Ejecutivo y el Parlamento en materia de política habitacional.
Que un oficio de esta magnitud que elimina el equivalente a UF 23,7 millones en subsidios aprobados por ley, haya sido firmado en febrero y conocido por la comisión parlamentaria recién en marzo, a días del cambio de gobierno, revela un déficit de transparencia que cruza a cualquier administración. La práctica de comunicar decisiones de alto impacto social mediante oficios administrativos, sin debate previo y sin presencia de los ministros involucrados, erosiona la función de control político del Congreso.
Desde una perspectiva más amplia, el episodio también pone en evidencia la fragilidad del DS49 como instrumento al ser un subsidio cuya cantidad de cupos se fija anualmente por resolución del Ejecutivo, queda expuesto a ajustes presupuestarios sin necesidad de modificar la ley. Eso le da flexibilidad al gobierno de turno, pero también convierte a las familias organizadas, que planifican años para postular, en rehenes de decisiones administrativas que pueden cambiar sin aviso.
La pregunta que el nuevo gobierno deberá responder con hechos es si restituye los cupos o si consolida el ajuste. En tanto, en un país donde el déficit habitacional supera las 550.000 viviendas y los campamentos siguen creciendo, reducir la oferta de subsidios para el segmento más vulnerable no es un ajuste técnico, es una señal política.
Fuentes: Senado de la República de Chile, Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Centro de Estudios Minvu
