En medio de la persistente crisis económica que afecta a millones de familias, surge una nueva propuesta para reactivar y fortalecer el Bolsillo Familiar Electrónico (BFE), una medida que anteriormente demostró ser fundamental para aliviar la carga financiera de los hogares más vulnerables.
Durante el último trimestre de 2024, el programa entregó un apoyo mensual de $13.500 por carga familiar, constituyéndose como un respiro económico significativo para enfrentar el incremento sostenido en el costo de la vida y las tarifas de servicios básicos. Sin embargo, su término en septiembre dejó un vacío importante en la economía familiar de miles de beneficiarios.
Ante esta situación, el poder legislativo ha tomado cartas en el asunto. La Cámara de Diputados aprobó con una contundente mayoría de 124 votos a favor, una resolución que insta al Presidente Gabriel Boric a considerar no solo la extensión del beneficio, sino también un incremento en el monto asignado. Esta iniciativa refleja la preocupación transversal por la situación económica de las familias chilenas.
Es importante recordar que el BFE ya experimentó una renovación anterior. Inicialmente programado para concluir en abril, el beneficio se extendió por tres meses adicionales gracias a un acuerdo entre el Ejecutivo y el Congreso. Esta nueva propuesta buscaría establecer su tercera versión, con mejoras sustanciales en su implementación y alcance.
¿Cuándo se podría reactivar el Bolsillo Familiar Electrónico?
La tramitación legislativa actual sugiere que, de aprobarse la iniciativa, el renovado Bolsillo Familiar Electrónico podría comenzar su implementación durante el 2025. No obstante, el proceso requiere la aprobación definitiva del Congreso Nacional y la posterior promulgación presidencial para su publicación en el Diario Oficial.
El Ministerio de Hacienda, bajo la dirección del ministro Mario Marcel, juega un papel crucial en la viabilidad de esta propuesta. La cartera deberá evaluar el impacto fiscal y la sostenibilidad financiera del programa, considerando el delicado equilibrio entre la necesidad de apoyo social y la responsabilidad fiscal del Estado.
