El Gobierno está evaluando la modificación estructural del “Subsidio de arriendo” con la construcción de viviendas estatales para luego arrendarlas.
Una de los antecedentes que muestra el escrito es que de los 5.058 subsidios que se lanzaron a inicios de 2014, el 54% de ellos (2.745) no han logrado ejecutarse.
La situación es similar para el segundo llamado del beneficio: de los 2.036 subsidios lanzados, 1.317 (65%) aún no se convierten en un arriendo.
Esto se torna más complejo en ciudades con suelos y alquileres más caros, como las mineras (Antofagasta, Iquique, Calama).
Según el informe del Minvu, las regiones con más aplicaciones del subsidio son las del centro sur: O’Higgins, Maule, Biobío y La Araucanía, esto se debe principalmente a que los suelos son más baratos. Para extender el alcance del programa y hacerlo más aplicable, el Minvu está ideando una serie de cambios.
Entre ellos, se elevará la edad máxima de los postulantes de 30 a 35 años. El subsidio se elevará de un tope máximo de 3 UF ($75 mil) a 6 UF ($150 mil). Y el valor máximo de la vivienda a alquilar será de $190 mil. También se apuntará a beneficiar a las familias inmigrantes. Así, se cambiará la exigencia de la residencia definitiva por la presentación del carné de identidad a los extranjeros.
Hasta hoy el programa está destinado a una situación transitoria de personas jóvenes para mejorar su situación de ahorro y así que puedan postular a la vivienda con crédito hipotecario. Pero con los cambios, se pretende que el arriendo sea una herramienta más de las que se entrega, que se destine a todos los quintiles y aborde desde los jóvenes hasta los adultos mayores.
Entre esos cambios, el Gobierno estudia dos modelos adicionales de arriendo, que se complementarían al actual: uno de ellos es seguir los utilizados en países como Suecia, con la construcción de grandes conjuntos de viviendas estatales, bien localizadas dentro de la ciudad, para destinar unidades habitacionales de arriendo.
El otro es que se planea fomentar a las empresas constructoras para que generen conjuntos de viviendas que puedan destinar al arriendo, como modelo de negocios, para lo cual contarían con apoyo del Estado, mediante un subsidio.
Los cambios en estudio debiesen completarse durante la actual administración.
